El desafío de lo alternativo: temas para una transición (3)

¡En esta esquina…!

El desafío de lo alternativo: temas para una transición (3).

Por: Manuel Salazar

“… la igualdad de los derechos frente al mercado no basta para asegurar la igualdad de los derechos a secas…”. Thomas Piketty;  El capital en el siglo XXI.

Más sobre cuál desarrollo. Lo público, componente vital del desarrollo y la democracia. En este momento parece una herejía defender lo público. Porque la privatización se ha impuesto a nivel de las ideas y valores. Pero, soy de izquierda, y me es de principios defender lo público, sobre todo cuando los argumentos contrarios son débiles.

Uno de los más socorridos contra la viabilidad de lo público y sus empresas, es que malgastan dinero del presupuesto; a lo que aporto una respuesta inmediata: al  14 de  febrero del  2014 los gobiernos del PLD habían dedicado casi 60 mil millones de pesos en programas de caridad pública, y el único resultado destacable es que mantienen cautiva una nómina de clientelas electorales.  Porque es  nulo el impacto en materia de alivio a la pobreza, y en una perspectiva humanista no compensa de ninguna manera el agravio a la dignidad   que  es  comprar la  miseria de un ser humano a cambio de su voto.

Se podría evaluar a la luz del Multiplicador económico de Keynes cuál sería el efecto en empleos directos e indirectos de una inversión de esos 60 mil millones en empresas productoras de bienes y servicios. 

Porque convertir en trabajador o trabajadora asalariados a una masa que hoy está atrapada en la  política de caridad pública, es un acto de liberación espiritual, profundamente humanista y esto en si mismo es un tema del desarrollo.

Además, un sector público renovado, podría ser clave para la democratización de la propiedad económica y la democracia en general; toda vez que hay una relación directa entre la concentración de la propiedad económica y la centralización del poder político. También contribuiría a revalorizar el salario en tanto disminuye el desempleo, y a potenciar el mercado interno.

Hablamos de empresa pública renovada, y es preciso señalar al respecto que una de las grandes distorsiones en el proceso social e histórico de América Latina es la confusión entre Gobierno y Estado, y como derivación de esta, el dominio sobre los recursos públicos del partido que ostenta el gobierno, y así las empresas públicas devinieron en botín del  ganador de cada elección, con nóminas supernumerarias e ineficientes, por lo que contribuyeron a armar el discurso privatizador.

“El estado es mal administrador”, se dice. Pero es falso; porque el estado no administra nada;  quien  administra es el gobierno. Por tanto, hay que sacar el tema de este corolario falso.  Además, cuando se habla del estado debe concebirse primariamente al pueblo que según la Constitución “constituye una Nación organizada en Estado libre e independiente”. El punto de partida es el pueblo.

Por tanto, lo público, y en este caso la empresa pública, debería ser referida, primaria y principalmente, al pueblo y al control social de este sobre aquella.  Habilitar instituciones y sus correspondientes formas organizativas para que el pueblo controle lo público es un sesgo de los regímenes que se definen modernos. Entre esas habilitaciones habría que incluir el lugar del municipio y desarrollo locales, dimensión en la que ese control podría ser más efectivo, como sugeriría el patricio Juan Pablo Duarte en su proyecto de Constitución. 

Habilitar lo público es dar lugar al desmonte del estado centralista que ha prevalecido en la República Dominicana, conectado por esencia con la concentración de la propiedad económica y con patrones de crecimiento económico, jamás de desarrollo.  Por eso, obedeciendo solo a la lógica de la rentabilidad del capital, localiza los principales montos de la inversión en puntos del país, mientras se dejan otros en el abandono. La pobreza que se dijo sería superada con la privatización, está por doquier. El 57 % del empleo es informal; casi 70% de los nuevos empleos son informales, y se ha dicho durante años que los bajos salarios son una condición para la competitividad de la economía impuesta.

De tal manera,  la   herejía es  que  la privatización haya dejado a las mayorías populares en la más completa indefensión: el Estado no resuelve sus problemas, ni el mercado tampoco.

Terminaré en la próxima entrega tratando de responder a la pregunta Cuál Estado (para cual país y cuál desarrollo).