¡En esta esquina…!
El
desafío de lo alternativo: temas para una transición (y 4)
Por: Manuel
Salazar
Cuál Estado (para cuál
país, cuál desarrollo). Si nuevas serían las bases materiales y la implicación del
pueblo en la vida general, nuevas deberían ser las instituciones jurídico
políticas que las expresen. La
cuestión entonces que se plantea a lo alternativo y el progresismo es saber moverse
desde el principio general sobre el carácter de clase del Estado a la
posibilidad táctica en la realidad concreta y entrar a la lucha por reformas
avanzadas.
Considerada la
necesidad de unas reformas en interés de rediseñar un estado que en general corresponda
a una visión nueva de país y desarrollo, consideraría
que la primera cuestión a plantear es que las mismas
deberían estar a cargo de una Constituyente, integrada por diputados y
diputadas escogidos mediante votación universal y directa para ese fin exclusivo.
Serían muchos
los asuntos a plantear en una nueva constitución; pero de momento plantearíamos solo algunos de los ejes principales que deberían articular la
reforma del Estado que protestamos. En nuestra visión global de cuál país, cuál desarrollo, cuál estado,
los a considerar serían los siguientes:
1.- Desconcentrar el poder político. Para la gestión pública del desarrollo y la democracia
en general, se debería distribuir en tres niveles, con sus correspondientes
instancias de gobierno y parlamentarias, cada una implicada en asuntos constitucionalmente
establecidos.
1.1.-El gobierno central, y su correspondiente nivel en una Asamblea Nacional Legislativa, cámara
única; integrada por Diputados Nacionales. Entre las funciones de esta
instancia debería incluirse la de escoger, y controlar periódicamente, un
Consejo de Ministros de Estado, que constituiría el Poder Ejecutivo, junto al
Presidente de la República. Los poderes
del Presidente se reducirían en relación a los que actualmente ostenta.
1.2.-El gobierno regional con un Gobernador y su correspondiente
Asamblea Regional, integrada por Diputados y Diputadas Regionales, escogidos
por votación universal y directa de la ciudadanía de cada región.
(Esta instancia podría frenar el proceso de fraccionamiento del país en cada
vez más provincias, y recuperaría en una unidad regional con fines de planes de
desarrollo la identidad cultural y en la
vocación productiva de los territorios
que han sido irracionalmente separados. Contribuiría
además a crear economías y servicios públicos de escala a nivel regional).
1.3.- El gobierno local o municipal, con el Alcalde como principal
ejecutivo y su correspondiente Asamblea Municipal, integrado
por Regidores que igual controlaría a
aquel de manera periódica.
En todas las
instancias se deberían establecer mecanismos de revocabilidad de mandatos,
control popular y decisión directa de la ciudadanía sobre la administración y
los asuntos públicos.
Los recursos
naturales y bienes públicos, serían administrados en los ámbitos territoriales
en que se encuentren, con arreglo a una disposición de ley de desarrollo
nacional que establezca las competencias y beneficios que correspondan a los
diferentes niveles en que se distribuye el Estado.
2.- Estado laico, con todo lo que implique para la vida nacional. El
Concordato quedaría sin efecto. Esto,
más que un asunto ideológico, es la
recuperación de la integralidad del espíritu de la República, conquistada sobre
las ruinas políticas, espirituales y sociales del medioevo, donde el poder de
la iglesia era funcional al cesarismo, llámese ahora caudillo, líder mesiánico,
o dictador.
3.- Estado con transversalidad de género,
tolerancia a lo diferente y, desde la afirmación de la propia, coexistente con
otras culturas; incluyente de los seres humanos en situaciones física, mental y socialmente difíciles;
igualmente incluyente de la comunidad LGBT para todos los efectos. Marco en que se definirían políticas
migratorias y de extranjería, atravesadas por el estricto respeto a la
dignidad, valores y derechos humanos de las personas, cuales sean su
nacionalidad, sexo, color, raza o creencias.
La cuestión
es: sustituir el Estado centralista, que ha sido garante del crecimiento
económico y expresión de la concentración de la propiedad económica, no del
desarrollo; e instalar otro que sea incluyente de la diversidad de la propiedad
económica, las regiones y sus pueblos en la gestión pública, para el desarrollo
sostenible, equilibrado, apropiado a la condiciones geográficas del país y
centrado en el bienestar de la gente.
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